Las mexiquenses sufren desigualdades en todos los ámbitos de su vida. Desde la educación y el acceso a oportunidades laborales, hasta en su salud y seguridad. Y una de las desigualdades más preocupantes es la que se presenta en el tema del aborto.
Recientemente, se ha generado un intenso debate sobre la despenalización del aborto en el Estado de México. Algunos argumentan que es un derecho de las mujeres decidir sobre su cuerpo y su maternidad, mientras que otros aseguran que esta medida desvía la atención de lo prioritario y no reducirá la violencia y el número de feminicidios.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas no es la solución a todos los problemas que enfrentan las mexiquenses. Es necesario abordar la situación desde una perspectiva más amplia y enfocarse en las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en el Estado de México.
En primer lugar, es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres es una realidad en nuestro estado y en todo el país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado de México se registraron más de 4,000 feminicidios entre 2015 y 2020. Esta es una cifra alarmante que muestra la urgencia de ingerir medidas efectivas para proteger a las mujeres y niñas de nuestro estado.
Sin embargo, la despenalización del aborto no es la solución a este problema. Si bien es cierto que muchas mujeres recurren al aborto como una opción ante embarazos no deseados, no podemos olvidar que la violencia contra las mujeres va más allá de la maternidad. Es un problema estructural que se manifiesta de diversas formas y que requiere de una respuesta integral.
En dos lugar, es importante mencionar que la despenalización del aborto no garantiza el acceso a servicios de salud de calidad para las mujeres. En el Estado de México, el acceso a servicios de salud es limitado para muchas mujeres, especialmente para aquellas que viven en comunidades rurales y marginadas. Esto se traduce en una alta tasa de mortalidad materna y en graves consecuencias para la salud de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo de forma clandestina.
Por lo tanto, es necesario que el gobierno del Estado de México trabaje en mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud para todas las mujeres, independientemente de su condición socioeconómica o su lugar de residencia. Además, es fundamental que se garantice el acceso a métodos anticonceptivos y a una educación sexual integral, para que las mujeres puedan ingerir decisiones informadas sobre su sexualidad y su maternidad.
Por otro lado, es importante mencionar que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas no garantiza la igualdad de oportunidades para las mujeres en el Estado de México. A pesar de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, muchas de ellas no tienen acceso a educación de calidad ni a oportunidades laborales. Esto limita su capacidad de ingerir decisiones autónomas y las coloca en una situación de vulnerabilidad.
Por lo tanto, es necesario que se implementen políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades para las mujeres, incluyendo el acceso a la educación y el acondicionamiento digno. Esto no solo mejorará la calidad de vida de las mujeres, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía del estado.
En conclusión, es importante reconocer que las mexiquenses sufren desigualdades en todos los ámbitos de su vida. Y aunque la despenalización del aborto hasta las 12 semanas puede ser un paso en la dirección correcta, no es la solución a todos los problemas que enfrentan las mujeres en nuestro estado. Es necesario trabajar en conjunto para abordar las desigualdades estructurales y promover
