Ciberataque ransomware Cangas: investigación por pago de rescate
En mayo de 2023, el ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un ataque de ransomware que paralizó sus sistemas administrativos. Los responsables del ciberataque ransomware Cangas amenazaron con publicar información confidencial en la dark web si no se realizaba el pago del rescate en bitcoin. La administración local optó por abonar la cantidad solicitada para recuperar sus datos, decisión que ahora es objeto de una investigación judicial que cuestiona la transparencia y legalidad de los procedimientos seguidos.
Detención del ataque y afectaciones operativas
El incidente ocurrió durante la madrugada del 18 de mayo de 2023 cuando el malware LockBit 3.0 penetró en la infraestructura informática del consistorio a través de un mensaje de phishing abierto por un empleado municipal. Cuando el personal llegó a primera hora de la mañana, encontró sus equipos bloqueados con mensajes en idioma inglés solicitando el rescate. El cifrado malicioso afectó a más de la mitad de los ordenadores, inutilizando departamentos críticos como contabilidad e imposibilitando temporalmente el pago de nóminas y obligaciones con proveedores.
Procedimiento de recuperación y contrataciones cuestionadas
La respuesta municipal al ciberataque ransomware Cangas incluyó la contratación de EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para realizar un análisis forense de los sistemas comprometidos. El primer contrato ascendió a 5.279 euros pero no arrojó resultados satisfactorios. Semanas después, se volvió a recurrir a la misma empresa para recuperar los datos secuestrados. Este segundo contrato, por importe de 197.847,17 euros, logró acceso a la información al negociar directamente con los atacantes y efectuar el pago del rescate en criptomonedas.
Lo notable de este proceso radica en que ambos contratos se adjudicaron sin convocar un concurso público, vulnerando presuntamente los procedimientos administrativos establecidos. Además, la selección de la empresa responsable del pago del rescate fue la misma que previamente había fracasado en la recuperación técnica de los datos.
Investigación judicial y acusaciones formales
A finales de 2024, la Fiscalía de Pontevedra remitió el caso a los juzgados con indicios de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, daños informáticos y coacciones. La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas ha imputado a Antón Iglesias, actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, como investigado respecto a esta gestión del pago del rescate.
Un aspecto relevante es que Iglesias no ocupaba cargo alguno en la administración cuando ocurrió el ataque ni cuando se firmaron los contratos de urgencia. Fue Araceli Gestido, quien recientemente había asumido la alcaldía, quien autorizó las contrataciones y el desembolso de fondos municipales. Pese a esto, la magistrada aún no ha convocado a Gestido para declarar como investigada, aunque se espera que lo haga en fases posteriores del procedimiento.
Respuesta política y apoyo del partido gobernante
El BNG, formación política que gobierna en Cangas, ha expresado su apoyo explícito a Antón Iglesias, manifestando que cuenta con su
